CONOCE TUS DERECHOS


ENTREVISTA A TEODORO ALONSO, DELEGADO SINDICAL DE CGT


«Este tipo de imposiciones a los trabajadores son ilegales

porque son contrarias a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco».



DFA: En los últimos años hemos asistido a un recorte brutal de libertades y derechos como la libertad de expresión. La irrupción de la pandemia también ha influido en esos recortes. ¿Cómo se han vulnerado los derechos de los trabajadores durante la pandemia?


TA: El simple hecho de cerrar todos los establecimientos que no fueran esenciales, prohibir por medio de leyes inapropiadas la libertad de circulación, poner toques de queda, imponer confinamientos por supuesto contagio, etc., repercute negativamente en el mercado laboral porque repercute en esta economía de la deuda, donde la incertidumbre se vuelve una costumbre y los trabajadores sufrimos ―y este sentimiento es real, hay sufrimiento de los trabajadores y su entorno― por sentirnos presas de un sistema en el que la élite financiera bloquea nuestra forma de sustento y nos sigue reclamando impuestos, cuotas de préstamos, tasas, etc. Entonces, lo laboral forma parte de lo social y viceversa: todos los recortes de derechos sociales afectan igualmente a los derechos laborales. En los últimos meses, los trabajadores, igual que la sociedad en general, están siendo coaccionados, amenazados, pisados constantemente, debido a la obsesión porque todo el mundo se inocule la sustancia experimental. Se está coaccionando a la hora de obtener un trabajo, de abordar la jornada laboral, etc.



Cartel de CGT Hospital Río Hortega


DFA: En los hospitales y en las residencias se ha hecho mucho más evidente, pues su responsabilidad es mayor en un escenario de problema de salud pública...


TA: En las residencias la presión ha sido mucho mayor, hasta los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) han pedido públicamente la vacunación obligatoria. Se presiona constantemente por parte de las direcciones y los compañeros a los trabajadores no vacunados para que se inoculen. Si no lo han hecho, se les someten a protocolos ilegales de test varias veces a la semana, no se respetan las exenciones de uso de mascarilla, tal y como marca la ley, y los trabajadores en esta situación acaban expedientados, es más, se les obliga en algunos casos a llevar dos mascarillas y pantalla más el traje plastificado y guantes, una situación extrema en la que el trabajador tiene que aguantar toda la jornada laboral haciendo trabajo físico en estas condiciones.


CCOO insiste en legislar la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores de las residencias - Aragón Digital (aragondigital.es)


UGT partidario de exigir la vacuna a los trabajadores de las residencias | Actualidad | Cadena SER

En los hospitales, en general se está respetando más a los trabajadores no vacunados. Sin embargo, no se respeta a los pacientes de edad avanzada que no se han inoculado; hemos encontrado muchos casos de desprecio y desatención del personal sanitario a estos pacientes.

Este tipo de imposiciones a los trabajadores son ilegales porque son contrarias a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, está por encima la autonomía del ciudadano y es necesario obtener el consentimiento informado para cualquier prueba o tratamiento. Además, todo este tipo de test tienen una eficiencia muy baja respecto a detectar específicamente un virus y además los test PCR o antígenos no se pueden utilizar por sí solos para detectar el contagio, lo dice la misma OMS, aunque los responsables sanitarios se lo han pasado por ahí con el fin de atemorizar a la población y colapsar el sistema sanitario durante las olas.


Carta de CGT Hospital Rio Hortega al Consejero de Sanidad


El Gobierno no puede legislar obligatoriamente sobre los test, no va a poder tener un informe pericial que pudiera respaldar este tipo de medidas.


Nulidad de la obligación de someterse a test de antígenos COVID-19 las personas trabajadoras


Con la mascarilla fue diferente: una denuncia en contra del uso obligatorio de la mascarilla tuvo un fallo desfavorable en el Tribunal Supremo, ya que un informe pericial del CSIC apoyaba el uso de esta, afirmando científicamente que la mascarilla atrapaba las gotitas llenas de carga viral.


Sentencia desestimatoria contra el uso obligatorio de la mascarilla


DFA: El Ministerio de Sanidad ha publicado que, en el sistema sanitario, las empresas «deben promover de forma activa la vacunación entre trabajadores, […] y desarrollar estrategias para incrementar al máximo las coberturas en este colectivo». También que a quienes no tengan la pauta de vacunación completa se les realizará como mínimo dos pruebas de antígenos a la semana. Y añade: «También se podrá valorar el cambio de puesto de trabajo». Dices que someterse a un test obligatoriamente es ilegal en base a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, ¿se está promoviendo en este Ministerio una ilegalidad?


TA: Esto es un protocolo de actuación o una serie de recomendaciones del Ministerio frente al Covid. No tiene carácter de ley. En el cuerpo de derecho que le otorga la ley, una persona está sometida a las leyes, no a los protocolos, es decir, lo que pueda imponer un protocolo no puede ser contrario a los derechos y libertades contenidas en una norma con rango de ley, decreto…, según su prioridad. El problema está en los centros que, bajo la presión de las direcciones y el miedo, los mandos intermedios lo mal interpretan y actúan pisando los derechos del trabajador.




DFA: Cada vez más gente comienza a aceptar que la llamada vacuna es un tratamiento experimental, discurso que no acaba de ser respaldado por los medios oficiales de comunicación. Al menos ya empieza a hablarse con seriedad de sus posibles efectos secundarios. Hablas de que tienes constancia de coacciones y amenazas recibidas por los trabajadores sanitarios. ¿Quién debe responsabilizarse de los efectos nocivos de la vacuna sobre estos trabajadores en este contexto de presión política, mediática, social, sindical y laboral?


TA: Pues es una pregunta muy complicada. Lo más lógico sería pensar que el que ha fabricado la sustancia es el responsable.



Libertad de introducción en el mercado de una sustancia por la Industria Farmacéutica


Se ha creado una sociedad, producto de muchos siglos, donde la élite financiera, monarquías, iglesia católica, etc., establecen sistemas de manipulación (medios de comunicación, políticas, sistemas económicos...) y escenarios encaminados a que el pueblo crea que lo que está ocurriendo es algo que pasa por el estado en que se encuentra la evolución humana o la sociedad y no por los propósitos de estas élites. Para mí, personalmente, estas élites son los mayores responsables de todo lo que ha pasado y está pasando con el Covid, y lo que pasará en los siguientes escenarios. La ignorancia generalizada del funcionamiento de la sociedad actual, debido al engaño, es el gran problema. Este problema se cura destapando estos engaños, pero, por supuesto, el sistema no va a estar de acuerdo en levantar la liebre y el miedo va a seguir imperando.



DFA: ¿Cómo están actuando las compañías de seguros en casos de efectos secundarios por las vacunas?


TA: Bueno, los seguros de responsabilidad civil de los sanitarios no cubren la prescripción de medicamentos experimentales ni el acto de administración de dicha sustancia. Digo esto porque no se ha exigido en esta vacunación la prescripción médica por este motivo. Con respecto a los inoculados, al ser un acto voluntario, los seguros se lavan las manos, ya que no tienen responsabilidad. Como hemos sabido, si se certifica una muerte como muerto por la vacuna, el seguro no lo cubre. Entonces, por ejemplo, si se muere el cónyuge de una persona unos días después de la vacunación y tiene una hipoteca y un seguro de vida, el afectado va a preferir que le pongan que se ha muerto por Covid y no por la vacuna, porque como pongan que su muerte es debida a la vacuna, el seguro no le paga. Y si denunciara al seguro y se demostrara que falleció por los efectos de la vacuna (causa de defunción), el juzgado lo considerará suicidio, ya que se inoculó la sustancia voluntariamente. Las muertes por Covid están cubiertas mientras no se supere una tasa de mortalidad del 30 %, según establecen las cláusulas de todos los seguros. Como se puede ver, todo está bien atado, todo rema hacia el mismo lado; los seguros también.



Exclusiones en seguros de vida



DFA: El 2 de diciembre de 2021, Diario 16 publicó en su versión digital unas declaraciones de Carlos Martínez Vara, jefe de la sección de altos estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del Centro Superior de la Estudios de Defensa Nacional y coronel del Ejército del Aire. Afirmaba que existen suficientes publicaciones de la literatura científica donde se exponen análisis y estudios sobre la vacuna cuyas conclusiones alertan sobre el potencial riesgo para la salud de los seres humanos derivados de la presencia de materiales tóxicos en viales utilizados. Él mismo declara en Diario 16 que instó a militares a que se negaran a ser inoculados apelando a su ética personal. Recomiendo la lectura de este artículo pues contiene más informaciones de interés para la ciudadanía. Mi pregunta es: ¿no hubiera sido lo más ético por parte de los empresarios de cualquier gremio que se negaran a exigir y/o recomendar a sus empleados el sometimiento a estas vacunas desconociendo sus probables efectos adversos?


TA: En el inicio de la pandemia, se montó un escenario por el cual la mayor parte de los ciudadanos de a pie ―ignorantes del funcionamiento del sistema, creyentes en la buena fe generalizada y manipulados por políticos y medios de comunicación con el lema «vacúnate para volver a la normalidad»― demandaba la vacuna para salir de la situación económica, social, biológica... que se había establecido premeditadamente. Con esta situación, es lógico que esta mayoría vea bien la vacunación después del sometimiento a esta manipulación de los medios, e incluso que crea que quienes no se vacunan son malas personas. En el entorno laboral ocurre exactamente lo mismo, y más cuando en ningún centro de trabajo se ha respetado la protección de datos sanitarios. Me refiero a datos de intención de vacunarte o no vacunarte, que es una información que también hay que proteger. Los servicios de prevención permitieron que estos datos fueran conocidos por los compañeros y directores de los centros y empresas, y se sigue presionando a los no vacunados: utilizaron las mutuas para vacunar y enfilar más el camino de la vacunación.

Cuando han aparecido los efectos secundarios se han intentado tapar a toda costa, se ha incrementado la coacción con propaganda como la de la patronal que, al incluir a Pfizer como miembro, afirmó que había que introducir la vacunación obligatoria de los trabajadores; medidas también como los test a los no vacunados; discriminaciones por no vacunarse con apoyo de empresas y sindicatos...

Vuelvo a repetir que, tal y como está montado esto, todo rema hacia el mismo lado, empresarios también.


Cartel de CGT Hospital Río Hortega


DFA: Menudo panorama... Por cierto, ahora absorbido por la actualidad de la guerra ruso ucraniana. Terminamos aquí nuestra entrevista. Muchas gracias por luchar por los derechos laborales. Personas como tú hacen un mundo posible.




David F. Agredano

268 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo